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La misma sostiene que desde el 30 de agosto de este a\u00f1o, la acusada se contact\u00f3 v\u00eda WhatsApp con ocho personas (cinco mujeres y tres hombres) simulando trabajar para un partido pol\u00edtico provincial. Aprovech\u00e1ndose de su vulnerabilidad y sus necesidades econ\u00f3micas, les ofreci\u00f3 un plan econ\u00f3mico para comprar mercader\u00eda por $ 314.000, un inmueble para microemprendimientos, un bols\u00f3n de mercader\u00edas, un puesto en una cooperativa laboral, y un nombramiento en el sistema educativo y en el SIPROSA. Logr\u00f3, con su accionar y bajo los enga\u00f1os desplegados, que estas personas le transfirieran $ 272.500, $ 207.000, $ 211.000, $ 1.054.500, $ 108.500, $ 76.500 y $ 105.500, sin que la acusada cumpliera con las promesas realizadas, ocasionando un grave perjuicio patrimonial a las v\u00edctimas.<\/p>\n
Luego de exponer las evidencias reunidas hasta el momento, la representante del MPF solicit\u00f3 que se dicten medidas de coerci\u00f3n de menor intensidad (reglas de conducta) por el plazo de seis meses. \u201cTenemos conocimiento de m\u00e1s denuncias que se est\u00e1n iniciando, por lo que entiendo que el n\u00famero de v\u00edctimas se va a ampliar en el transcurso de los d\u00edas\u201d. En ese sentido, Rafael aclar\u00f3 que \u201cestas medidas son revisables por parte del Ministerio Fiscal, en el caso de que surgiesen riesgos procesales o una situaci\u00f3n jur\u00eddica que se vea acrecentada y que modifique la plataforma f\u00e1ctica hoy enrostrada a la imputada\u201d. Asimismo, la funcionaria judicial precis\u00f3 que \u201ca\u00fan restan much\u00edsimas medidas que estamos llevando a cabo para ahondar en la investigaci\u00f3n\u201d.<\/p>\n
Al finalizar la audiencia, el juez resolvi\u00f3 hacer lugar a todo lo requerido por la Fiscal\u00eda.<\/p>\n