Comenzaron los alegatos en el juicio contra el ex rector y otros tres ex funcionarios universitarios por las obras con las utilidades mineras entre 2006 y 2009.<\/p>\n
Las irregularidades en la contrataci\u00f3n de obras fueron un factor central en este caso. Se identific\u00f3 un subsistema ilegal de contrataci\u00f3n de obras con graves anomal\u00edas en 13 casos espec\u00edficos. Estas irregularidades incluyen la renuncia arbitraria a fondos y una flagrante falta de controles en los procesos de contrataci\u00f3n. Hubo una clara falta de cumplimiento de normativas y una omisi\u00f3n de controles que permitieron estas irregularidades.\u00a0\u201cHablamos de un caso grave de corrupci\u00f3n estructural en el \u00e1mbito de la Universidad Nacional de Tucum\u00e1n\u201d. Basado en esos par\u00e1metros, y con esa adjetivaci\u00f3n de la causa,\u00a0Pablo Camu\u00f1a,\u00a0el fiscal ante el Tribunal Oral Federal de Tucum\u00e1n, dio comienzo al alegato del Ministerio P\u00fablico en el juicio que tiene como imputados al ex rector de la casa de Altos Estudios,\u00a0Juan Alberto Cerisola, y a los ex funcionarios universitarios\u00a0Luis Fernando Sacca\u00a0-ex subsecretario administrativo-,\u00a0Olga\u00a0Graciela Cudmani\u00a0-ex directora de Construcciones Universitarias- y\u00a0Osvaldo Venturino\u00a0-ex director de Inversiones y Contrataciones- en el marco del destino que se les dio a los fondos mineros que llegaron de YMAD.<\/p>\n
Seg\u00fan Camu\u00f1a,\u00a0\u201cse ha comprobado un da\u00f1o patrimonial: este perjuicio se debe principalmente a sobreprecios detectados en 13 obras\u201d.\u00a0\u201cEl impacto de estas acciones no se limita solo al aspecto financiero, ya que se destaca un da\u00f1o institucional significativo al prestigio de la Universidad, un da\u00f1o que persiste hasta la actualidad\u201d, agreg\u00f3. Y luego ahond\u00f3: \u201cla responsabilidad recae directamente sobre funcionarios p\u00fablicos involucrados en la gesti\u00f3n de fondos y la ejecuci\u00f3n de las obras\u201d.\u00a0\u201cCerisola defraud\u00f3 a sabiendas los intereses de la UNT a \u00e9l confiados y le ocasion\u00f3 un perjuicio de al menos $ 53.400.973.261,18, por lo que deber\u00e1 responder penalmente\u201d, remarc\u00f3 el fiscal.<\/strong><\/p>\n El juicio se inici\u00f3 en mayo del a\u00f1o pasado, y por el estrado que presiden los jueces subrogantes\u00a0Jorge Alejandro Basb\u00fas y Ana Carina Far\u00edas, de Santiago del Estero, y\u00a0Enrique Lilljedahl, de Catamarca, pasaron decenas de testigos.\u00a0Camu\u00f1a dijo que \u201chubo una serie de maniobras il\u00edcitas entre 2006 y 2010.\u00a0Los acusados, junto a otros, dise\u00f1aron, pusieron en marcha y\/o\u00a0aplicaron un sistema para gestionar y disponer de fondos millonarios por fuera de las normas legales.\u00a0Ese sistema se desarroll\u00f3 con el sentido de canalizar esa extraordinaria cantidad de fondos p\u00fablicos para darles un tratamiento arbitrario, discrecional, excepcional, oscuro, desprovisto de controles y sobre todo por fuera de todas las normas, principios y reglas m\u00ednimas en materia de contrataciones p\u00fablicas, inversiones y obras p\u00fablicas\u201d. \u201cEsperamos -a\u00f1adi\u00f3- que este da\u00f1o se alcance a reparar, aunque sea parcialmente en estos d\u00edas. Adem\u00e1s de grave, por supuesto que es un caso complejo. La explicaci\u00f3n, si uno efect\u00faa los mecanismos de interpretaci\u00f3n adecuados a estas complej\u00edsimas maniobras, termina siendo bastante simple. De hecho, termina siendo bastante brutal\u201d. Advirti\u00f3 adem\u00e1s que\u00a0\u201ctodos est\u00e1n acusados como autores del delito de incumplimiento de deberes de funcionario p\u00fablico y por la administraci\u00f3n fraudulenta de bienes de la Universidad Nacional de Tucum\u00e1n, instituci\u00f3n a la que le generaron un perjuicio patrimonial\u201d.<\/p>\n La UNT es due\u00f1a -junto a Catamarca- de la empresa Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD). La ley estableci\u00f3 que las utilidades del yacimiento deb\u00edan repartirse en un 60% para Catamarca y un 40% para la UNT; la parte de la casa de Ter\u00e1n deb\u00eda destinarse a concluir la ciudad universitaria, que hab\u00eda sido iniciada a partir de 1948 en San Javier y en Horco Molle durante el rectorado de Horacio Descole. Una vez concluida, dice el art\u00edculo 18 de la norma, ese 40% de regal\u00edas deb\u00eda dividirse en un 20% para las otras universidades del pa\u00eds y un 20% para la UNT, pero ya de libre disponibilidad. Cerisola, que asumi\u00f3 como rector en 2006 y permaneci\u00f3 en ese cargo hasta 2014, mediante tres resoluciones, organiz\u00f3 un plan de obras en distintas dependencias de la UNT, las comenz\u00f3 a ejecutar con un r\u00e9gimen propio, por fuera de la Ley de Administraci\u00f3n Financiera N\u00ba 24.156, y acord\u00f3 con YMAD, mediante acta del 2 de enero de 2008, declarar concluida la ciudad universitaria, con lo cual ese 40% de regal\u00edas que llegaran de la miner\u00eda se deb\u00edan repartir la mitad para las otras universidades y otra mitad para la UNT, ya de libre disponibilidad.<\/strong>\u00a0En 2014, Florencio Ace\u00f1olaza, entonces director de la UNT ante YMAD, revel\u00f3 que debido a ese cambio con el acta de 2008\u00a0la UNT hab\u00eda dejado de recibir $ 500 millones<\/strong>\u00a0(unos U$S 110 millones de ese momento). A\u00f1os despu\u00e9s, en 2018, el acta de 2008 fue declarada nula por el Consejo Superior, y la UNT inici\u00f3 causa en la Justicia Federal en Catamarca para que se haga efectiva esa nulidad en YMAD.<\/p>\n El alegato de la fiscal\u00eda continuar\u00e1 hoy, a cargo de Luc\u00eda Doz Costa y ma\u00f1ana, con Agust\u00edn Chit, tras lo cual finalmente se har\u00e1 el pedido de pena para cada uno de los imputados. Desde el pr\u00f3ximo lunes ser\u00e1 el turno de la querella, representada por Patricio Espergu\u00edn, y posteriormente de las defensas de los acusados. La sentencia quedar\u00eda pospuesta para luego de la feria judicial.<\/p>\n