Atento a las últimas publicaciones sobre la realidad de las pericias en el Pozo de Vargas, desde la Secretaría de DDHH aclararon cual es el estado de la situación.
Durante los últimos días se hicieron públicas una serie de denuncias respecto a la situación de los pagos a los peritos arqueólogos en el Pozo de Vargas. La información fue dada a conocer por un periodista tucumano a través de sus redes sociales.
Desde la Secretaría de Derechos Humanos y Justicia de la provincia se emitió un comunicado explicando sobre la responsabilidad del pago de los honorarios y las gestiones realizadas para que dicha obligación se cumpla.
Los trabajos en el predio, que se encuentra en Tafí Viejo, en el límite suroeste con San Miguel de Tucumán, empezaron en abril de 2002, hace 20 años. Durante esos años fueron identificados 116 cuerpos, el último hallazgo fue a finales del año pasado. Las tareas están a cargo del Colectivo de Arqueología, Memoria e Identidad de Tucumán.
«El Consejo de la Magistratura Nacional es quien dispone de los fondos para el pago de los auxiliares de justicia en causas federales», dice el comunicado. Y añade: «La Secretaría de Estado de DDHH y Justicia de Tucumán hizo, en reiteradas ocasiones, el pedido por ante el representante del Ministerio de Justicia de la Nación en la Comisión Interpoderes para que la situación de mora sea regularizada y se cumpla periódicamente con el pago de los honorarios de los peritos».
