Tras la aprobación de la Ley Bases, crece el temor en las pymes, quienes aseguran que el presidente Javier Milei busca declararles «el estado de muerte».
Una de los sectores más afectados con la aprobación de la Ley Bases son las pequeñas y nas empresas (PyMES), así como las economías regionales que se desarrollan en torno a las mismas. Si bien el presidente Javier Milei declaró que vetará cualquier ley que “atente contra el equilibrio fiscal”, los detractores del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) del mega proyecto sostienen que afectará a los recursos disponibles y dará lugar a una mayor inestabilidad fiscal tanto a nivel nacional como provincial.
Para los que votaron en contra del RIGI, la quita de capacidades tributarias a los territorios regionales, la destrucción del entramado productivo local (clave para la tributación provincial y municipal) y una mayor concentración de lo poco que se recauda en manos de Nación aparecen entre las consecuencias centrales de este régimen que cosecha cuestionamientos.
En este contexto, el presidente de Apyme Córdoba, Humberto Spaccesi, aseguró que, con la sanción del mega proyecto que impulsa una política de destrucción de la industria nacional, Milei busca declararles «el estado de muerte» a las empresas y sostuvo que «no tiene corazón» porque las medidas que está tomando «generan mucho dolor, angustia y desesperación» en el pueblo.
El Gobierno tuvo que ceder ante los pedidos de los gobernadores para evitar un nuevo fracaso parlamentario y modificó algunos puntos, entre ellos, los incluidos en el RIGI: decidió establecer una reducción de actividades incluidas, cambios en el plan de desarrollo de los proveedores locales y variaciones en los plazos de cobros.
A pesar de las modificaciones, los capítulos que gran parte de la oposición considera más dañinos se mantuvieron: sostienen que con esta ley se pierden capacidades tributarias y regulatorias, lo que marcará un avasallamiento sobre las facultades provinciales para recaudar impuestos y una presión fiscal desigual entre las pequeñas y grandes empresas.
Una de las principales críticas es que la concentración y extranjerización del capital disminuye los efectos multiplicadores del empleo local a través de las Pymes. En ese sentido, Spaccesi expuso su visión con Canal 10 Córdoba, y afirmó que la Ley Bases, el DNU 70/2023 y el RIGI son medidas «que están formateadas y programadas para defender los intereses de las grandes corporaciones», ya que cada vez van a «tener más facilidades y oportunidades de traer el dinero que quieran, sin pagar ningún tipo de impuesto».
La provincia del gobernador Martín Llaryora, donde muchas personas se manifestaron este miércoles en rechazo al proyecto de ley, vive una profunda crisis en el sector laboral: según la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) de la Secretaría de Trabajo, el empleo privado en la región Gran Córdoba cayó 0,7% en abril respecto a marzo.
En medio del ajuste total por el recorte de las transferencias discrecionales, la caída de la actividad económica y el despido de decenas de empleados estatales, el informe evidenció que también hubo cinco meses consecutivos de caída neta del trabajo y, si se tiene en cuenta este periodo, una reducción acumulada de 1,9%. El presidente de las pymes cordobesas sostuvo que a Milei «no le interesa la industria nacional».
El presidente de la Asociación PyMES aseguró que el RIGI «supone un golpe devastador»
En sintonía con la preocupación de Córdoba, el presidente de la Asociación PyMES, Daniel Moreira, expresó su fuerte descontento con la legislación y criticó duramente el enfoque de la gestión de La Libertad Avanza (LLA), al afirmar que lleva adelante el «esquema de destruir la Nación como tal para instalar una colonia».
En diálogo con Código Baires, Moreira advirtió que el impacto de estas políticas será devastador para el empleo y la economía local: «La destrucción concreta de las PyMES, que damos el 75% del empleo registrado en la Argentina, va a hacer que cerremos y que los trabajadores se queden sin laburo«.
Según el último dato difundido por el INDEC, el uso de capacidad instalada de la industria se ubicó en marzo en 53,4%, dando cuenta de una fuerte caída de la actividad (hace un año atrás era de 67,3%), solo por detrás de la pandemia de 2020. Este efecto dominó afectará al consumo, ya que «el trabajador que no tiene un mango porque no labura y no consigue trabajo, va a dejar de comprar ropa, va a dejar de irse de vacaciones, va a dejar de comprar cosas que le gustan, y lo último que va a dejar de comprar es alimentos».
En relación con el RIGI, advirtió que supone un golpe devastador para las empresas porque le sacan «cualquier tipo de beneficio para la industria nacional». Y agregó: «Nunca hubo un período en el cual se podía no pagar impuestos, no someterse a auditorías, no dar explicaciones ante la AFIP, y no tener que dar cuenta de las rentabilidades, que es todo lo que se le va a permitir a las grandes inversiones extranjeras».
Ante la falta de consideración hacia las pequeñas y medianas empresas, señaló que, las decisiones de los senadores cordobeses, ponen en jaque los derechos de los trabajadores. «Esto no les puede salir gratis, porque para el pueblo no es gratis. Pagaremos esta locura a un costo carísimo», aseguró.
La Cámara Alta aprobó la ley en general con 37 votos positivos contra 36 negativos, tras el desempate propinado por la vicepresidenta Victoria Villarruel. El apoyo cordobés fue fundamental para que el proyecto pueda tener luz verde. Tanto Luis Juez y Carmen Álvarez Rivero del PRO, como Alejandra Vigo, de Unidad Federal, dieron su aval para que Milei obtenga facultades delegadas y pueda continuar con su plan motosierra.
En ese sentido, Moreira resaltó la necesidad de responsabilidad y consecuencias para quienes apoyaron al oficialismo y dijo que «habrá que buscar las maneras democráticas posibles, para que todo el mundo sepa que en ese lugar, esa persona hizo lo que hizo«.
