Aunque el gobierno pretenda desconocer la Paritaria Federal Docente, según lo informó este miércoles el vocero presidencial, Manuel Adorni, las normas nacionales lo obligan a convocarla. Específicamente, la ley de financiamiento docente (N° 20.075) sancionada en 2006 establece en su artículo 10 que el Ministerio de Educación (hoy secretaría) juntamente con el Consejo Federal de Cultura y Educación y las entidades gremiales docentes con representación nacional, acordarán un convenio marco que incluirá pautas generales referidas a condiciones laborales, calendario educativo, salario mínimo docente y carrera docente. Tras la eliminación del Fondo de Incentivo Docente, el gobierno de Javier Milei podría buscar emular a su aliado, Mauricio Macri, dejando completamente en manos de las provincias la discusión salarial.
En 2018, bajo la presidencia de Mauricio Macri, se introdujeron importantes modificaciones al esquema de la paritaria nacional docente, que buscaron vaciarla de contenido y hacer que pierda fuerza. Se hizo mediante el Decreto 52/2018 de enero de ese año, que modificó un decreto anterior, el 457/2007 firmado por Néstor Kirchner, mediante el cual se dejó la cuestión del salario fuera de la negociación nacional, además de modificar la representación sindical para quitarle peso a CTERA, la central que nuclea a la mayor cantidad de docentes en el país.
Desde ese momento, la paritaria nacional dejo de fijar el piso salarial docente en todo el país, y pasó a quedar determinado de manera automática, no pudieron ser inferior a, como mínimo, un 20% mayor al salario mínimo, vital y móvil vigente. El decreto congeló la negociación salarial en la paritaria nacional, y si bien no la hizo desaparecer, modificó el espíritu que le dio origen, violando una máxima fundamental de la Constitución Nacional que impide al PE modificar el sentido de una norma o de un derecho constitucional a partir de su reglamentación. Según coinciden varios especialistas en la materia, la falta de un salario inicial negociado a nivel federal anula la función redistributiva que tenían las paritarias nacionales, que elevaban el mínimo salarial de forma tal de intentar compensar las desigualdades que existen desde la transferencia de la educación a las provincias en la década del 90.
La medida había sido duramente rechazada por los gremios docentes, desde donde se opusieron a reunirse con el gobierno si tenían vetada la posibilidad de hablar de salarios, lo que dio inicio a un período de elevada conflictividad que no se resolvió sino hasta el cambio de gestión en 2019. De hecho, la paritaria federal quedó suspendida hasta el final del mandato de Mauricio Macri y recién se reinició durante la presidencia de Alberto Fernández.
En una de sus primeras acciones de gobierno, el expresidente del Frente de Todos firmó el decreto 92/2020 que anuló las modificaciones introducidas por Macri y reinstauró la discusión salarial como materia comprendida en la paritaria nacional. El instrumento se apoyó en «la obligación constitucional de garantizar el derecho a la educación en condiciones de igualdad y equidad» y recuperó el sentido del artículo 10 de la Ley N° 26.075, creando un nuevo marco regulatorio para las instancias de diálogo con los gremios. Entre otras cosas, la normativa establece que el Convenio Marco consensuado con los sindicatos debe comprender todas las cuestiones laborales generales, entre las que se incluye la retribución mínima y cuestiones de índole económica, laboral, asistencial, previsional y, en general, las que afecten las condiciones de trabajo, como la formación inicial y continua, capacitación en servicio, carrera docente, régimen de vacantes y suplencias, etc.
Hasta el 2023 la normativa se cumplió a rajatabla y la paritaria se celebró cada año, tal y como lo prevé la ley. El último encuentro se concretó en septiembre, cuando se acordó fijar una suba progresiva del salario inicial que lo llevó a los $250 mil en diciembre, mes en el que debería haberse convocado a una nueva audiencia, pero que se postergó por el cambio de gestión.
Este miércoles, el gobierno puso en duda la nueva convocatoria y los gremios ya alertaron que no iniciarán las clases sin antes reunirse a discutir la paritaria nacional. Si bien en su conferencia habitual el vocero Adorni no descartó la posibilidad de citar a los docentes, sí dejó en claro que Nación no transferirá fondos a las provincias y confirmó que el gobierno no discutirá sobre salarios porque “los docentes de la Argentina dependen de cada una de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires”.
La decisión, que a priori surge como «castigo» a los gobernadores por el fracaso en la aprobación de la ley ómnibus, es coincidente con una de las modificaciones que pretendía el gobierno a partir de aquel proyecto caído. En su artículo 552, la ley «Bases…» establecía que «cada provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires definirán o acordarán según corresponda las condiciones laborales, el calendario escolar, la escala salarial y la carrera docente», fijando que la autoridad que debe negociar los salarios mínimos son las jurisdicciones subnacionales. No obstante, en el artículo precedente, el 551, ratificaba que el salario mínimo debe decidirse a nivel nacional, fijando como autoridad de aplicación al Consejo Federal en consulta con el Ministerio de Economía nacional y de cada distrito. Como vemos, la propuesta de Milei seguía sosteniendo una doble negociación de la paritaria docente e introducía además una doble fijación del salario mínimo.
En tanto no se apruebe una nueva ley o el gobierno no firme un nuevo decreto que, como hizo Macri, modifique las materias sobre las cuales se pueden o no debatir en la paritaria federal, el gobierno estará obligado a convocar a los sindicatos docentes y a consensuar el piso salarial. Y aún resolviendo esa cuestión, la discusión no se agotará allí. Desde CTERA ya advirtieron que no cederán en su reclamo por la prórroga del FONID y el envio de las partidas correspondientes a los comedores escolares. Todo hace prevér que en su afán de lograr la meta del deficit cero, cueste lo que cueste, el gobierno no se mostrará demasiado dispuesto a enviar fondos a las provincias, lo que podría dar inicio a una huelga docente por tiempo indeterminado.
En este punto es donde el rechazo judicial a la reforma laboral que intentó introducir el presidente con el DNU 70/2023 cobra una relevancia significativa. De estar vigente el capítulo laboral que suspendió la Justicia, los docentes estarían obligados a garantizar una prestación de servicios mínimos del 75% de la prestación normal, anulando casi por completo el derecho a huelga de los educadores. Por suerte para los sindicatos, los jueces de dos instancias distintas entendieron que un presidente no puede por un capricho tirar por la borda décadas de luchas que se plasmaron en el ordenamiento jurídico nacional. Si decide no sentarse a dialogar, a Milei solo le quedará la vía del escrache y los descuentos para contrarrestar los efectos de un inminente paro docente.
