«Justicia Legítima no ha recibido donaciones, se solventa con el aporte de los socios»

La presidenta de la agrupación Justicia Legítima, la ex jueza María Laura Garrigós de Rébori, desmintió los dichos del ex secretario de Obras Públicas José López ante la Justicia, donde dijo que entregaba dinero para financiar la entidad. “Hay tantas cosas que uno podría pensar. López puede decir lo que quiera pero les toca al fiscal y al juez examinar la verosimilitud y veracidad de lo que dice”, aclaró.

“Es violación de secreto, y la causa está en secreto salvo para las partes, por lo que alguien está violando su deber de funcionario público. Hasta podría ser el defensor oficial quien alentara la versión y lo usara para distraer la atención sobre López. Nada de lo que se ha dicho es cierto, Justicia Legítima no ha recibido donaciones, se solventa con el aporte de los socios que se descuenta por tarjeta de crédito”, aclaró. 

Y, en diálogo con el programa radial de Gustavo Sylvestre, explicó más sobre el sistema de cobro: “Se deposita directamente en una cuenta del Banco Nación, tal como está expresado en los balances que siempre han sido aprobados. Lo que dice el diario La Nación es una absoluta mentira y nosotros podemos demostrarlo; por otra parte no somos parte del expediente, por lo que no estamos llamados a aclarar ni demostrar nada”.

Asimismo, reconoció que “no han parado de llover los recuerdos, abrazos y ofertas de colegas de todo el ámbito jurídico” para acompañarlos y adyudarlos. “Somos un punto focal de ataque y hemos recibido muchísimos ataques en forma personal y genéricamente. Tratan de poner en nuestro significado todo aquello que no les gusta”, sentenció.

Al ser consultada sobre la prohibición de entrar en el allanamiento al abogado defensor de Cristina Fernández, la ex magistrada respondió: «Es claramente una violación del derecho de defensa, tan evidente. Los discurso de Miguel Ángel Pichetto luego diciendo que ni a él se le había ocurrido que esto pudiera pasar, no pensaron que se iban a animar a tanto. Han descartado el código procesal y todas las garantías constitucionales. Vuelven al código de la época de la dictadura, actúan sobre un código que no es ley”.