El Gobierno no está dispuesto a abrir un nuevo frente de confrontación y quiere desligarse cuanto antes de la polémica por la posibilidad de que 96 represores sean beneficiados con la prisión domiciliaria, por tratarse de personas de más de 70 años.
A pesar de los esfuerzos la gestión de Mauricio Macri vuelve a quedar en medio de la tormenta, ya que el Ministerio de Seguridad emitió un comunicado en el que niega que el Servicio Penitenciario Federal, dependiente de esa cartera, sea el responsable de otorgar beneficios.
Asimismo, dos párrafos más abajo sí reconoce haber confeccionado ocho listados con 1.111 detenidos que reúnen los requisitos para otorgarles la libertad condicional o prisión domiciliaria; aunque evita referirse a los detenidos por hechos de lesa humanidad.
“Es el Poder Judicial quien determina y otorga los beneficios de egreso anticipado y libertades por vencimiento de la condena a las personas que se encuentran detenidas”, señalaron desde el ministerio encabezado por Patricia Bullrich.
Y agrega: «Se efectúo un diagnóstico situacional completo que incluyó también la confección un informe mensual de la cantidad de internos tanto procesados (63%) como condenados que de manera objetiva podrían ser evaluados para el acceder a los distintos institutos previstos por ley y reconocidos por los organismos internacionales”.
El objetivo que persigue el Gobierno al enviar a la Justicia a descomprimir la superpoblación que hay en las cárceles, aunque eso implique enviar a sus casas a genocidas, es no convertirse en el ejecutor de la medida, aunque es imposible escapar al mote de “autor intelectual”.
Los listados fueron armados por perdido del ministerio de Justicia de la Nación y la Corte Suprema y el relevamiento fue llevado adelante por el Sistema Penitenciario Federal.
Asimismo, los jueces penales abocados a esta tarea recibieron en sus despachos los nombres de quienes podrían ser beneficiados y entre los que se encontraban Jorge «El Tigre» Acosta, Julio «el Turco Julián» Simón y miembros del clan Puccio, además de otros homicidas o violadores.
“Un equipo multidisciplinario debe también de manera individual efectuar un análisis y evaluación -tanto clínica como actuarial- que de manera no vinculante se remite a la autoridad judicial para su oportuna resolución”, detallaron desde el oficialismo en el comunicado emitido después del fuerte repudio que generó la medida entre las Abuelas de Plaza de Mayo.
Fuente: https://www.elintransigente.com/politica/2018/3/14/domiciliaria-represores-el-gobierno-le-escapa-la-polemica-482247.html
