Cuestionan la designación de un funcionario realizada por Carlos Rosenkrantz

Carlos Rosenkrantz, nuevo presidente de la Corte Suprema, sumó un nuevo funcionario a su máximo tribunal y desató el malestar de los integrantes de la entidad, quienes denuncian que podría haber un conflicto de intereses.

Se trata de Juan Pablo Lahitou, segundo de Bernardo Saravia Frías, y, hasta el momento, integrantes de la Procuración del Tesoro, el ente que se encarga de asesorar al Poder Ejecutivo. Según lo decidió Rosenkrantz, Lahitou pasará a ocupar el cargo de secretario letrado e integrará la Secretaría de Desarrollo Institucional.

No es la primera vez que el presidente de la Corte realiza una designación semejante, de hecho, al asumir incorporó al máximo tribunal a Felicitas Fuentes Benítez, quien también había trabajado en la Procuración.

Después de haberse ganado el descontento de sus colegas, al resistirse a tratar cuatro casos sensibles, los integrantes del máximo tribunal advierten que tales contrataciones podrían significar un conflicto de intereses, ya que los nuevos funcionarios designados para impartir justicia, trabajaban defendiendo al Ejecutivo.

Además, señalan como sospechoso el hecho de que tales designaciones se den justo en el momento en que se está tratando el fallo sobre los jubilados, el cual podría terminar con una resolución contraria a los deseos del Gobierno.

En ese sentido remarcaron que, la misma semana en que fue designado Lahitou, desde la Casa Rosada se publicó la ratificación del índice Ripte de ajuste de jubilaciones, un indicador de salarios conformado por las remuneraciones en blanco.

Con su nueva conformación, la Corte Suprema deberá decidir cual es el índice de actualización de jubilaciones por el que se debe regir ANSES para pagar a los jubilados que reclamaron y ganaron juicios al Estado. Mientras el Gobierno busca que sea el RIPTE, los defensores de los jubilados reclaman por el ISBIC (Índice de Salarios Básicos de la Industria y la Construcción). En caso de que ganen los jubilados, el Ejecutivo deberá afrontar pagos millonarios.