¿Cuánta plata tendrá que poner el Estado si la Corte falla a favor de los jubilados?

El Gobierno espera impaciente la decisión final de la Corte Suprema en materia de jubilaciones, ya que, de fallar en contra de sus intereses, no sólo se repercutirá la esfera social y política sino también en la económica, en una época en la que Cambiemos da un especial cuidado a el gasto y al equilibrio económico.

De hecho, se estima que si los integrantes del máximo tribunal de Justicia fallan a favor de los trabajadores de tercera edad, un caso iniciado por el jubilado Luis Orlando Blanco, y en contra de los deseos de la ANSES, el Gobierno deberá desembolsar entre $70 y $90 mil millones. Desde la administración pública señalaron que ese pronunciamiento «no debería tener impacto desde el punto fiscal y económico» en las arcas del Estado «para los próximos años».

Puntualmente, lo que la Corte deberá decidir es qué índice debe aplicarse para actualizar los haberes de los jubilados que ganaron un juicio contra el Estado. Mientras que antes, para calcular esos aumentos, se aplicaba el Índice de Salarios Básicos de la Industria y la Construcción (ISBIC), la ANSES comenzó a utilizar desde hace tiempo el indicador llamado Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE).

La causa se inició a partir del reclamo de Lucio Orlando Blanco, que se jubiló en el 2003 y comenzó una disputa legal con el Estado por la actualización de sus haberes. Si bien ganó aquel juicio, ahora se discute  qué índice debe aplicar el Gobierno para hacer efectivo el pago de los incrementos. 

En un principio, la Sala II de la Cámara de la Seguridad Social falló a favor de Blanco y ordenó que se utilice el sistema ISBIC, pero la ANSeS apeló esa decisión y advirtió que está en riesgo la sustentabilidad del organismo previsional.

Los camaristas, en tanto, consideraron que usar el RIPTE para este tipo de casos «vulnera la garantía constitucional del derecho adquirido» del jubilado, ya que ese índice comenzó a funcionar mucho después de que se iniciara la denuncia y no se podría implementar de manera retroactiva. Según sostiene el abogado de Blanco, Gabriel Greizerstein, su defendido se vería mucho más favorecido si se aplica el primero de esos métodos para calcular.