Desde que el gobierno nacional decidió poner una extrema paralización a la obra pública, la infraestructura vial viene sufriendo un notable deterioro en las distintas provincias.
En Tucumán, la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) ejecuta por administración propia varias obras para mejorar la transitabilidad en las rutas locales. Tal vez los trabajos más emblemáticos, por su extensión e importancia productiva y turística, sean los concretados en la ruta 307. Pero como contracara hay otras rutas que siempre están en el centro de las críticas por su deterioro o por que su capacidad quedó limitada como lo que ocurre en la ruta 315, trazado que une a Tafí Viejo con Yerba Buena y Capital.
Será que por esta situación, legisladores oficialistas presentaron recientemente un proyecto de ley para proponer una nueva forma de financiamiento para sostener el mantenimiento de las rutas provinciales.
Según indica la propuesta, Tucumán podría cobrar peajes a través de la DPV. Lo recaudado se destinaría exclusivamente “al mantenimiento, construcción modificación y/o mejoramiento de todo trazado que integre la red caminera provincial”. Los parlamentarios también indicaron que el Tribunal de Cuentas efectuará controles sobre este sistema de peajes, y que la DPV deberá presentar un informe anual a la Legislatura sobre lo recaudado y lo invertido. También se determina que el servicio de cobro no podrá ser privatizado.
Entre los detalles especificados en el proyecto también se comtempla la exención del pago del peaje a los vehículos de emergencias (ambulancias, policía y bomberos) y al parque automotor oficial en cumplimiento de sus funciones.
El texto del proyecto de ley es impulsado por los legisladores oficialistas Tulio Caponio, presidente de la comisión de Obras Públicas y Servicios, y lleva también las firmas de Carlos Gallia, Sandra Figueroa, Leopoldo Rodríguez (h) y Roberto Moreno.
