Trabajadores de la Línea 137 también denunciaron el desguace del programa «Las Víctimas Contra las Violencias». Preocupa la falta de personal.
La Línea 137 es parte del programa “Las Víctimas Contra Las Violencias” que funciona, desde octubre de 2006, bajo la dependencia del Ministerio de Justicia de la Nación, hoy a cargo de Mariano Cúneo Libarona. Tal como sucedió en otros organismos del Estado Nacional, producto de las políticas de ajuste de Javier Milei, en las últimas semanas fueron despidos 19 trabajadores del sector con muchos años de experiencia. Si bien desde la cartera de Justicia niegan el cierre del programa, crece la preocupación por el achicamiento y las consecuencias que puede generar la falta de personal para las tareas de contención y asistencia a víctimas de violencia sexual y familiar, en un contexto de alta vulnerabilidad y fuerte conflictividad social.
Si bien desde la cartera de Justicia niegan el cierre del programa, crece la preocupación por el achicamiento y las consecuencias que puede generar la falta de personal para las tareas de contención y asistencia a víctimas de violencia sexual.
Laura Boggon es trabajadora de la Línea 137 y delegada de ATE, y analiza que desde el inicio de la actual gestión se puede corroborar un ataque sistemático a los programas que abarcan temáticas de género y políticas públicas que representan avances para las mujeres y las poblaciones más vulnerabilizadas como las minorías: “Milei tiene un afán particular por la destrucción de las políticas que fueron conquistas de los feminismos o se encuentran vinculadas a temáticas de género y diversidad. Lo vemos en la práctica en lo que está pasando y también se observa en lo discursivo. Cada vez que ha podido ha arremetido contra el feminismo o ha desmentido asimetrías de poder. Se produce una arremetida muy grande a los derechos en general y particularmente a los más vulnerables: mujeres, niños y niñas. Y creo que el camino que inició va hacia la quita de derechos. Sin dudas que eso va a generar más desprotección, menos cuidados y va a generar que la violencia se recrudezca”.
Línea 137: cómo es el servicio de atención contra las violencias y para el acceso a derechos
La tarea del programa, que funciona las 24 horas los 365 días del año, es la recepción de consultas y la asistencia, contención y acompañamiento a víctimas de violencia familiar, sexual y grooming, que pueden ser niñas, niños, adolescentes, familias, y personas de todas las edades. Además un equipo de abogadas y abogados se encarga de atender, de forma personalizada, cuestiones vinculadas a problemas legales y asegurar el acceso a los derechos a través de la red de Centros de Acceso a la Justicia. Según cifras oficiales, desde su creación hasta noviembre de 2023, atendió 236.679 llamados, 288.085 víctimas de violencia familiar y sexual, y 10.358 consultas por acceso a derechos.
Hasta enero de 2024 en el área trabajaban 94 personas que realizaban diferentes tareas para abarcar todo el proceso de acompañamiento de las víctimas, desde el momento de la denuncia hasta el juicio: 40 personas ejecutaban tareas administrativas, desarrollaban estadísticas, y se encargaban de garantizar la articulación institucional con otros organismos; y 54 personas, sobre todo psicólogas y trabajadoras sociales mujeres, llevaban adelante la labor de asistencia en los dispositivos de acompañamiento telefónico y territorial.
Estos dispositivos se distribuyen en dos áreas de trabajo vertebrales y complementarias, encabezadas por un equipo de profesionales, sobre todo psicólogas y trabajadoras sociales, del Programa “Las Víctimas Contra Las Violencias” que brindar asistencia directa a las víctimas. La primera es la asistencia a través de dos líneas telefónicas gratuitas: la línea 137 en CABA y la 0800-222-1717 que llega al todo el territorio nacional, las 24 horas y los 365 días del año en sus modalidades de call center. Paralelamente la política contempla un segundo dispositivo conformado por equipos móviles que se mueven en todo el territorio de la Ciudad de Buenos Aires, incluso en horarios nocturnos, fines de semana y feriados, para atender en persona las emergencias en situaciones de violencia familiar y sexual que requieran una intervención urgente. Para cumplir con esta tarea las mismas trabajadoras de la línea 137 hacen guardias rotativas de 12 horas en dos comisarías de CABA, una ubicada en Parque Patricios y otra en Recoleta, a la espera de una posible salida. El desplazamiento del equipo móvil al lugar donde está la víctima se decide luego de una evaluación de la situación, de acuerdo a criterios de urgencia o necesidad.
Las situaciones de violencia sexual hacia adultos, niños o niñas son escenarios frecuentes en domicilios, comisarias, hospitales o centros de salud de nuestro país. En muchos casos al momento de realizar una denuncia las víctimas sufren procesos de revictimización y violencia institucional que las obligan a pasar, en reiteradas oportunidades por el relato del trauma vivido ante médicos, policías o autoridades que no cuentan con una formación acorde. Las trabajadoras del programa acuden a dichos espacios, convocadas por los juzgados, para que hagan una intervención y realicen una entrevista más amplia y segura para las víctimas. Luego de esta instancia se realiza un informe que se eleva al juzgado, pasa al expediente del caso, y funciona como declaración testimonial al momento del juicio.
Es fundamental destacar que el trabajo con víctimas de violencia familiar y sexual requiere conocimientos específicos en la temática y especialidad en urgencias. En este sentido, quienes realizan dichas operaciones, en su mayoría mujeres, son profesionales con muchos años de antigüedad y recorrido, pero además formación profesional y docente en violencias que incluye Carreras de Posgrado en temáticas como Abuso familiar o Abuso Sexual infantil, cursos, capacitaciones, y múltiples asistencias a Congreso nacionales e internacionales.
Los despidos y el reclamo de las trabajadoras
Entre diciembre, a partir del decreto presidencial que ordenaba dar de baja todos los contratos de 2023, y estas últimas semanas en el programa se produjeron 19 despidos. La mayoría se trata de trabajadoras mujeres profesionales que forman parte del programa desde sus inicios o hace más de una década, pero mantenían contratos temporales o precarios. El modus operandi de las autoridades al momento de comunicar las bajas el jueves anterior a Semana Santa fue muy similar a lo acontecido en otros organismos: sin previo aviso, sin explicaciones oficiales, y sin telegramas de despido. De hecho denuncian que desde las altas jerarquías ministeriales hicieron circular un confuso listado con nombres que en realidad incluía a las personas cuyos contratos sí serían renovados por tres meses como máximo. Todo aquel que quedaba afuera de esa lista era dado por despedido sin ningún tipo de comunicación oficial o personalizada.
Como consecuencia de los despidos el equipo de trabajo de la línea 137 y quienes se desempeñan en los móviles en territorio pasó de 54 a 48 personas, lo que además de afectar a quienes perdieron su empleo, perjudica de forma directa la capacidad para continuar sosteniendo la atención a las víctimas. Al respecto Boggon advierte sobre las consecuencias directas que esto genera: “Repercute directamente porque es menos gente en la calle y menos gente en los teléfonos. Lo más grave es la reducción del equipo que sale al territorio porque cuando las guardias van perdiendo gente lo que automáticamente se hace es darle prioridad al teléfono, es decir, seguir atendiendo los llamados de la línea nacional y no tener tanta gente en terreno, que es el trabajo que hoy nos caracteriza. Líneas para consulta telefónica hay varias pero lo que nosotros hacemos y sostenemos como algo que nos caracteriza es el trabajo en territorio, que se va a ir debilitando. La primera consecuencia es que va a llamar gente, comisarías o víctimas, y no vas a tener un equipo de profesionales para mandarle. Y no es lo mismo un llamado que tener una entrevista en persona”.
Durante las últimas semanas las trabajadoras y trabajadores del programa pusieron un marcha un plan de lucha para denunciar los despidos y advertir sobre el desguace de la política pública, que incluyó la retención total de tareas en los lugares de trabajo. El lunes 15 realizaron una asamblea con el objetivo de reevaluar la medida y dispusieron, a partir del martes 16, el sostenimiento de dicho esquema en la central de llamadas pero de forma parcial, es decir atendiendo intermitentemente con intervalos de 2 horas. “Desde mañana van a estar los equipos móviles nuevamente trabajando en la calle, pero solo para las situaciones de emergencia. Esas son las medidas con las que seguimos actualmente y , al mismo tiempo, se van a hacer diferentes acciones para visibilizar este reclamo”, explica Boggon.
