Se complica aún más la situación judicial de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que deberá rendir cuentas ante la Justicia por una causa por asociación ilícita.
En ese sentido, el juez Julián Ercolini elevó hoy a juicio oral la investigación, en la que también se encuentran Julio De Vido y Lázaro Báez, por presuntas irregularidades en la adjudicación de obras públicas viales al Grupo Austral, en Santa Cruz.
El expediente fue elevado a una instancia superior, luego de que el magistrado diera por finalizado el proceso de instrucción y considerara que se reunieron recursos suficientes para someter a juicio a los imputados por el hecho.
Asimismo, la elevación a juicio se produce luego de que se venciera el plazo para que De Vido, Báez y Carlos Kichner, el primo del ex presidente, respondieran a la demanda civil por 22.500 millones de pesos que llevó adelante Vialidad Nacional.
Este duro revés para la ex mandataria llega tras varias pesquisas realizadas en la casa de Gobierno de Santa Cruz, en el ministerio de Economía y en el Tribunal de Cuentas en Río Gallegos y luego de que Ercolini dispusiera la intervención del la empresa Hotesur.
En tanto, el principal objetivo de la investigación era el de comprobar la arbitrariedad para otorgarle 52 contratos viales al Grupo Austral por 46.000 millones de pesos.
La medida dispuesta por el juez se enmarca también en la ampliación del expediente de
la causa en el que se investiga las responsabilidades de los ex funcionarios, señalados de favorecer al supuesto socio comercial de la ex jefa de Estado.
En la causa, investigada por los fiscales Gerardo Pollicita e e Ignacio Mahiques, también se encuentran comprometidos los ex gobernadores de la provincia del sur que cumplieron sus mandatos durante los supuestos negocios que mantenía Báez y el círculo más íntimo de Cristina.
De a cuerdo a la investigación, el empresario detenido habría sido beneficiado por la obra pública, lo que le habría permitido incrementar el patrimonio de su firma en un 45.313 por ciento, durante la gestión kirchnerista.
Según los fiscales intervinientes se habría producido una “maniobra de corrupción» que involucra directamente al Gobierno nacional, provincial y a los supuestos beneficiarios de las adjudicaciones.
Además, consideran que «se montó una organización criminal» que culminó en la «sustracción de fondos públicos a través de la asignación discrecional de prácticamente el 80% de las obras viales a favor del Grupo Austral”.
Fuente: https://www.elintransigente.com/politica/2018/3/2/elevan-juicio-una-causa-por-asociacion-ilicita-480638.html
