La Justicia tucumana condenó a Telecom Argentina S.A. a indemnizar a un consumidor con más de $18 millones luego de comprobar que permaneció sin servicio de telefonía e internet durante meses, mientras seguía recibiendo facturas y sin obtener respuestas efectivas a sus reclamos.
La sentencia fue obtenida por el abogado tucumano Dr. Alejandro Daud Alvarez en representación del usuario D.U.B. y posteriormente confirmada por la Cámara en Documentos y Locaciones.
De acuerdo con la causa, el conflicto comenzó en agosto de 2023 cuando el cliente, que mantenía una relación contractual con la empresa desde hacía más de diez años, sufrió la interrupción de los servicios de telefonía fija e internet. Según le informó Telecom, el inconveniente estaba vinculado a una migración hacia fibra óptica y sería transitorio.
Sin embargo, el servicio nunca fue restablecido de manera adecuada. Mientras permanecía sin conexión, el consumidor continuó recibiendo facturas y efectuando numerosos reclamos por distintas vías, sin lograr una solución concreta por parte de la prestadora.
Frente a esa situación, presentó una denuncia ante ENACOM y luego inició acciones judiciales con el patrocinio del Dr. Alejandro Daud Alvarez, reclamando la reparación de los daños ocasionados por el incumplimiento de la empresa.
Al analizar el caso, el tribunal entendió que Telecom incurrió en una conducta especialmente reprochable al mantener la facturación de un servicio que no prestaba y obligar al usuario a sostener durante meses una serie de reclamos infructuosos para intentar recuperar una prestación esencial.
Por ello, la Justicia hizo lugar a la demanda y condenó a la empresa al pago de una indemnización que incluye daño material, daño moral y daño punitivo.
La compañía intentó revertir la decisión mediante distintos recursos judiciales. No obstante, la Cámara en Documentos y Locaciones confirmó íntegramente la sentencia y posteriormente fue rechazado un recurso de casación por resultar inadmisible.
“Este fallo demuestra que los consumidores no tienen que resignarse frente al maltrato, la falta de respuestas o los abusos de grandes empresas. Cuando una prestadora cobra por un servicio que no brinda, debe responder”, señaló el Dr. Daud Alvarez.
Con las actualizaciones practicadas en el expediente, el monto de la condena asciende actualmente a $18.842.941,69.
La resolución constituye un antecedente relevante en materia de defensa del consumidor y ratifica que las empresas prestadoras de servicios públicos y de telecomunicaciones deben garantizar una atención adecuada y brindar respuestas efectivas cuando los usuarios ven vulnerados sus derechos.
