Marcelo Martínez de Giorgi y Ariel LijoAlfredo Sábat
Un rumor está creciendo en los tribunales federales cercanos al río, en Comodoro Py, donde están los jueces penales que deben resolver casos de corrupción política, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y narcotráfico, entre pocas investigaciones más, aunque son las más llamativas y las que hacen famosos a sus magistrados. Dice la versión que una sala de la Cámara de Casación (hay cuatro tribunales integrados por tres magistrados cada uno) estaría a punto de devolverle al juez federal de Campana, Adrián González Charvay, el expediente judicial que indaga sobre la verdadera propiedad de la mega mansión de Pilar, cuyo dueño supuesto sería el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, y su socio permanente, Chiqui Tapia.
La quinta, si la llamamos así subestimándola, está a nombre de un monotributista y de su madre jubilada. La Argentina es un país raro, donde hay jubiladas que tienen enormes propiedades o les prestan miles de dólares a funcionarios públicos, mientras el resto de los jubilados vive peor que mal. González Charvay es el juez predilecto de los dos caciques del fútbol que ya están procesados en el fuero Penal Económico por evasión fiscal agravada, retención indebida de tributos y de aportes a la seguridad social. El delito presunto rondaría, si se confirmara, unos 400 millones de dólares y no incluye todavía la vasta propiedad de Pilar.
