CÓRDOBA.- Con una mejora en los datos de actividad y empleo, en la Casa Rosada creen que en abril se tocó el piso y que los próximos meses serán mejores. Con ese discurso encaran las negociaciones con los diferentes sectores a la vez que el presidente Javier Milei ratifica que no renunciará a sostener el superávit fiscal. Para cumplir la meta del 1,4% del PBI acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el gasto primario no indexado (45% del total) debería caer otro 6% real.
Un informe del Iaraf dirigido por Nadin Argañaraz advierte que, con ingresos tributarios más débiles de lo previsto, el Gobierno necesitará profundizar el recorte sobre salarios, obra pública, subsidios y programas sociales para cumplir con la meta fijada por el Fondo. Jubilaciones y AUH, en cambio, ya recuperaron casi todo lo perdido frente a 2023.
La motosierra fiscal empieza a mostrar un cambio de etapa. Después de dos años de fuerte licuación del gasto previsional, el ajuste del Gobierno nacional parece concentrarse cada vez más en otra zona del presupuesto: el gasto no indexado. Es decir, salarios públicos, obra pública, transferencias a provincias, subsidios, programas sociales y funcionamiento estatal. El Iaraf analizó el posible cierre fiscal del año y describió un escenario de creciente tensión entre la meta de superávit y la recaudación que lleva diez meses de caída.
El trabajo parte de que, mientras el presupuesto 2026 proyecta una suba real de 6,7% en la recaudación tributaria, los ingresos nacionales acumularon en el primer cuatrimestre una caída real interanual de 6,7%. Para que la meta oficial pudiera cumplirse, la recaudación debería crecer 13,2% real interanual en los últimos ocho meses del año, lo que Argañaraz considera “de imposible cumplimiento”.
Alcanzar la meta presupuestada implicaría que los tres tributos que deberían registrar los mayores aumentos reales en lo que queda del año serían el de combustibles (62%), las retenciones (32%) y los de importación (27%). En unos días empieza a regir la baja de retenciones que Milei anunció para cebada y trigo. Por su lado, el IVA (el tributo de mayor peso en la recaudación total) debería expandirse 11% real interanual.
La proyección del Iaraf es mucho más austera, estima que la recaudación tributaria terminará el año con una caída real de 2,3% interanual. Ya considera una pérdida en las contribuciones de Seguridad Social por la puesta en marcha del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) durante el segundo semestre.
Si se distribuye la recaudación tributaria entre Nación, provincias y CABA, la proyección muestra una baja real interanual del 2,9% en los ingresos tributarios del Gobierno central y de 1,1% en los impuestos coparticipables en términos reales.
En ese escenario, el margen de maniobra fiscal se reduce drásticamente y recae sobre el gasto primario no indexado. El 55% del gasto primario está atado a fórmulas automáticas de actualización por inflación, como jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y AUH. Ese bloque ya prácticamente volvió al nivel real que tenía en 2023.
El otro 45%, el no indexado, es el que absorbe el ajuste. El análisis del Iaraf muestra que en el primer cuatrimestre, el gasto primario total cayó 3,3% real interanual, pero mientras el indexado subió 1,5%, el no indexado se derrumbó 8,6%. Algunas de las partidas más castigadas por el ajuste: otras funciones (93,7%), transferencias corrientes a provincias (42,4%), programas sociales (27,5%), otros gastos de funcionamiento (20,5%), transporte (19,8%) y prestaciones del Pami (10,5%).
Argañaraz sostiene que, para cumplir con la meta de superávit primario de 1,4% del PBI, el gasto no indexado debería cerrar el año con una baja real de 6,2%. La lógica fiscal implica que, como en lo que resta del año los ingresos tributarios del Gobierno Nacional “mostrarían un desempeño relativamente mejor” eso permitiría moderar la contracción del gasto primario
Al aprobar la segunda revisión del programa de Facilidades Extendidas (EFF), el directorio del FMI sostuvo que el equipo económico mantendrá el equilibrio fiscal mediante “mayores reducciones en los subsidios a la energía, una mejor focalización de las transferencias sociales y la contención del gasto discrecional para contrarrestar el impacto de las iniciativas de gasto del Congreso”.
El trabajo del Iaraf describe escenarios extremos. Si los ingresos tributarios terminaran cayendo 5% real, el gasto no indexado debería desplomarse 10,8% para sostener la meta fiscal. En cambio, si la recaudación creciera 3%, el gasto no indexado podría aumentar 6,5%. En caso de una variación nula de los ingresos tributarios con un incremento de los ingresos no tributarios del 8% (privatización de represas), se podría financiar un alza del gasto primario indexado del 1% y mantener el no indexado.
La tensión crece cuando se incorpora la eventual aplicación de la ley de financiamiento universitario, que está judicializada. Según el Iaraf, si se aplica el costo fiscal estimado en 0,23% del PBI, probablemente sería compensado con nuevos recortes en otras partidas. “El resto del gasto primario no indexado debe financiar la suba del gasto a universidades”, advierte. Eso significaría profundizar aún más el ajuste de esas partidas, de 8,8% a 11% en los últimos ocho meses del año.
Respecto de cómo terminaría el nivel de gasto primario indexado y no indexado en relación al 2023, e Iaraf indica que el primario total caería 29% en términos reales. Casi todo ese ajuste se explica por el desplome del no indexado, con una baja de 47%. En contraste, el indexado -jubilaciones, pensiones, AUH y asignaciones- terminaría apenas 0,8% por debajo.
La foto muestra también qué áreas perdieron más peso dentro del gasto público. Las transferencias de capital a provincias registraron la mayor caída relativa, pasaron de 0,43 puntos del PBI en 2023 a 0,03 puntos en abril último. Es decir, un derrumbe de 93%. Detrás aparecen la obra pública nacional (73%), las transferencias no automáticas a provincias (68%), programas sociales (57%), subsidios energéticos (51%) y al transporte (38%) y partidas universitarias (37%).
La dinámica transparenta que el ajuste fiscal cambió de naturaleza. En 2024, buena parte del equilibrio se construyó sobre la licuación de jubilaciones y prestaciones sociales en medio de la aceleración inflacionaria. Pero con las partidas indexadas recuperando terreno, la motosierra se desplaza hacia sectores más sensibles políticamente, como universidades, provincias, salarios públicos, obra pública y programas sociales.
