El paro universitario programado para el martes 4 y miércoles 5 de junio marca otro episodio en el prolongado conflicto sobre el financiamiento de la educación superior en Argentina. Las universidades públicas vinieron alertando desde principios de año sobre la crisis presupuestaria, un reclamo inicialmente ignorado por el Gobierno nacional, lo que llevó a la masiva Marcha Federal Universitaria del 23 de abril.
Esta semana, algunos de los reclamos expresados en la marcha comenzaron a resolverse con un acuerdo que actualiza en un 270% los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales, un beneficio que hasta el lunes solo había obtenido la UBA. Sin embargo, la noticia fue opacada por la falta de acuerdo en la paritaria universitaria entre los gremios y el Ministerio de Capital Humano, lo que llevó a los sindicatos a convocar a una huelga de 48 horas. La recomposición salarial para docentes y no docentes sigue siendo una demanda central.
Aunque la actualización de los gastos de funcionamiento fue bien recibida, esta partida solo representa el 10% del presupuesto universitario. «Celebramos este principio de solución, pero alertamos a la ciudadanía que representan solo el 10% del presupuesto total. El 90% restante corresponde a los salarios, y eso aún no tiene solución», denunció el Frente Sindical de Universidades Nacionales (FSUN).
Según Conadu, uno de los gremios del FSUN, los docentes universitarios han recibido una actualización salarial del 61.4% en los primeros cinco meses del año, mientras que la inflación desde diciembre ha alcanzado el 122.5%. Desde enero, los profesores universitarios han visto una pérdida del 42% en su poder adquisitivo.
La semana pasada, el Gobierno ofreció un 9% de aumento para mayo, sumándose al 16% en febrero, 12% en marzo y 8% en abril. Sin embargo, el FSUN rechazó estas ofertas por insuficientes. La última reunión paritaria del 28 de mayo terminó sin acuerdo, lo que llevó al anuncio del paro.
Fuentes de la Secretaría de Educación reconocieron que los salarios de los profesores universitarios han aumentado menos que los de otros trabajadores estatales, debido a la alta inflación. El FSUN, que incluye a gremios como Conadu, Conadu Histórica, Fedun, CTERA, Fagdut, UDA y Fatun, advierte que «el conflicto universitario sigue abierto», con más de la mitad de los trabajadores docentes y no docentes por debajo de la línea de pobreza.
Los rectores universitarios apoyan las demandas salariales. La UBA lanzó una campaña en redes sociales bajo el lema «Vamos por lo que nos falta», destacando la necesidad de recomposición salarial, actualización de partidas congeladas y reanudación de obras de infraestructura. También abogan por una ley de financiamiento universitario.
