Se recibieron más de 500 llamados aportando datos del dinero de las coimas

Se recibieron 556 llamados al número de acceso rápido 134 a menos de 24 horas de que el Ministerio de Seguridad anunciara que se le entregaría una recompensa monetaria a quien pudiera aportar datos del paraderos del dinero o los bienes obtenidos por los funcionarios K fruto del pago de coimas de las empresas de energía o de obras públicas. Según confirmó la misma ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de esas más de 500 llamadas sólo 70 aportaban datos sustanciales y fueron derivadas a la Justicia para su análisis y posible posterior denuncia.

“Si se comprueba o esa propiedad tiene un testaferro, que fue comprada por uno de los tantos corruptos que tiene el país, al momento de la comprobación se hace un acuerdo con el fiscal y ese bien es tomado por la causa, por el Estado en la Justicia y se le paga a la personas el 5% del valor o hasta 2 millones de pesos”, señaló la ministra al mismo tiempo que remarcó que el proceso se hará con suma discreción y la identidad de la persona que aporte datos será reservada.

El objetivo de esta medida, impulsada tras descubrirse los cuadernos de Oscar Centeno en donde se detallaba el circuito corrupto por el que circulaban los bolsos con dinero, es “que toda aquella persona que pueda dar información fehaciente de dinero, propiedades, testaferros, personas que saben que son cosas del pueblo que están en manos de corruptos puedan volver a la gente, porque eso se va a convertir en hospitales o equipamientos para las fuerzas de seguridad”.

Además desde el Congreso se impulsa el proyecto de ley de extinción de dominio mediante el cual todo el dinero que se recupere de las cusas de corrupción volverá al Estado. Mientras tanto la Unidad de Información Financiera (UIF) a cargo del caso se encuentra investigando los inmuebles que poseía el difunto secretario de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, en Florida y Nueva York, y varias propiedades en Santa Cruz a donde se cree que viajaban los bolsos con dinero. Si bien los empresarios dicen que eran para financiar las campañas electorales del kirchnerismo, la Justicia cree que los funcionarios se quedaron con el dinero con fines personales.