En el pedido de juicio oral del fiscal Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°11, Gerardo Pollicita, al ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, y los empresarios, Cristóbal López y Fabián De Sousa, ambos presos, explica cuáles son los motivos por los cuales los implicados en la investigados están acusados por “defraudación contra la Administración Pública”.
Pollicita sostiene que la “maniobra fraudulenta” se llevó a cabo a través de una asociación ilícita, que tenía en la cúspide a la ex presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, entre otros funcionarios a cargo de los organismos públicos junto a un “reducido grupo de empresarios”, entre los que destaca a López y De Sousa.
El fiscal afirma que los empresarios se habrían “dedicado de manera sistemática y constante a llevar a cabo negocios espurios con el objetivo de apropiarse de fondos públicos, evidenciando de esta manera una matriz de actuación propia en lo que la comunidad internacional ha dado en llamar hechos de corrupción”.
La acusación se basa en el caso de Echegaray por haber defraudado a través del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) al no cobrar esa contribución a los empresarios imputados por un monto total de $8.926.740.758,91-
Si bien considera que el período en el que se llevó adelante la maniobra se extiende de mayo de 2011 a diciembre de 2015, las fechas investigadas en esta causa no abarca la totalidad. En los 55 meses analizados, se constata que los dueños de Oil Combustibles pagó en tiempo y forma únicamente 7 veces el ICL.
Además de la no exigencia del pago del ILC, Pollicita sostiene que Echegaray le brindó a los empresarios facilidades de pago que generó la deuda de más de 8 mil millones de pesos.
Según el fiscal, López y De Sousa retiraban las sumas que eran percibidas pero no se depositaban al fisco, y “las entregaban en concepto de préstamos” a ellos mismos y a otras empresas, por lo que considera el fiscal, los empresarios pudieron aumentar considerablemente su patrimonio.
De acuerdo a lo que sostiene el letrado la maniobra se realizó en tres tramos: la inmersión en el negocio petrolero y la consolidación de la estructura societaria para el fraude; la acumulación ilegítima de deuda de ICL y el otorgamiento irregular de planes de facilidades de pago, y como correlato de ello y la utilización indebida del ICL para el financiamiento y expansión del Grupo Indalo y la autodescapitalización de Oil Combustibles.
Entre las pruebas con las que cuenta el fiscal para tal afirmación, se encuentra la declaración testimonial del periodista, Hugo Alconada Mon, quien publicó una investigación al respecto, la denuncia de la diputada, Elisa Carrió, además de testigos y documentación. Se puede ver todas las pruebas en el expediente que acompaña la nota.
En la causa caratulada “López Cristóbal Manuel y otros s/ defraudación contra la Administración Pública” , el fiscal pidió además de la elevación a juicio oral, solicitó el embargo de los bienes de los tres imputados.
Fuente: https://www.elintransigente.com/politica/2018/5/14/que-pruebas-tiene-la-justicia-contra-echegaray-cristobal-lopez-de-sousa-491034.html
