Vera apeló el procesamiento por no devolver máquinas de coser

El procesamiento que le realizó el juez federal Claudio Bonadío al ex legislador porteño y titular de La Alameda, Gustavo Vera, por no haber devuelto unas máquinas de coser que se le habían otorgado en consignación como depositario judicial, significó un duro revés judicial para el líder de la fundación que suele denunciar a los talleres clandestinos que operan en nuestro país. 

Tras conocerse la medida judicial, el abogado de Vera, Andrés Daniel Popritkin, interpuso un recurso de apelación contra el auto de procesamiento dictado el 20 de abril, en el que se dispuso el procesamiento sin prisión preventiva y al embargo sobre sus bienes personales, por una suma de 20 mil pesos. En la presentación de 16 páginas que realizó el letrado, se pidió la nulidad de la resolución y el apartamiento del juez Bonadío de la causa. 

“La valoración parcial y sesgada de los elementos probatorios realizada por el juez, sumado a la marcada diferencia que se hizo al momento de analizar la conducta de las dos personas que estaban imputadas en el inicio (Vera y Piumato), evidencia por parte del juez una animadversión que no se condice en absoluto con el trámite de la causa, por lo que el juez Claudio Bonadío debe ser apartado del trámite del legajo”, indicaron en la apelación. 

Y en la presentación aclaró: “Tanto Vera como Piumato no eran meros depositarios judiciales, sino que tenían la expresa manda judicial de destinar los bienes entregados para su reutilización social en los términos planteados por el titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº4, lo que no ha sido siquiera contemplado en el resolutorio puesto en crisis”. 

En ese sentido, en la apelación acusaron al magistrado de haber omitido “deliberadamente las acciones realizadas por la parte para poner los bienes (dos máquinas de coser) en condiciones óptimas de uso y funcionamiento”. “Las maquinarias han sido reparadas y también se han firmado contratos de comodato con dos organizaciones sociales, ello con autorización expresa del juez instructor”, se defendió Vera.