Luego de ser promulgada por el Ejecutivo provincial, el gobierno está definiendo la instrumentación de la Ley Micaela, que establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública, en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
“Estamos trabajando en la reglamentación de la ley Micaela para que rápidamente en el ámbito del Poder Ejecutivo podamos implementar las capacitaciones. Inclusive avanzamos ya en un convenio con la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Tucumán que se denominará “Capacitación básica en cumplimiento de la ley Micaela para la administración pública provincial”, indicó la ministra de Gobierno y Justicia, Carolina Vargas Aignasse.
De acuerdo con lo que establece la normativa, la autoridad de aplicación es el Ministerio de Gobierno y Justicia, cuyas capacitaciones estarán a cargo de un equipo técnico profesional integrado por las Secretarías de la Mujer (que está bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social) y Derechos Humanos (que pertenece a la cartera de la ministra), quienes elaborarán el plan de acción, controlarán, desarrollarán firmas de convenios y llevarán adelante las acciones.
En relación con la implementación de las capacitaciones, serán esas secretarías y el Cuerpo de Abogados para Víctimas de Violencia contra la Mujer las que coordinarán y organizarán con el Ministerio de Gobierno u otras instituciones, en función a lo que se acuerde.
Con la formación en otros poderes será la autoridad de aplicación (Ministerio de Gobierno y Justicia) la que habilitará a celebrar convenios con otros organismos como la UNT, entes u organismos que soliciten la capacitación o el asesoramiento para armar sus programas de capacitación.
Del mismo modo ocurrirá con las comunas rurales y municipios, será el órgano de ejecución, quien capacitará, además de poder establecerse convenio entre ellos.
Las capacitaciones se desarrollarán con los lineamientos básicos establecidos por el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación.
Ley Micaela
Establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública, en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.
Se llama así en conmemoración de Micaela García, una joven entrerriana de 21 años, militante del Movimiento Evita, que fue víctima de femicidio en manos de Sebastián Wagner.
La Ley 27.499 propone lograr su plena implementación a través de procesos de formación integral, los cuales aporten a la adquisición de herramientas que permitan identificar las desigualdades de género y elaborar estrategias para su erradicación.
Se busca transmitir herramientas y (de)construir sentidos comunes, que cuestionen la desigualdad y la discriminación, y transformen las prácticas concretas de cada cosa que hacemos, cada trámite, cada intervención, cada proyecto de ley y, en definitiva, cada una de las políticas públicas. Se trata de una oportunidad para jerarquizar la formación y ponerla al servicio del diseño de políticas públicas con perspectiva de género en clave transversal, es decir, en todo el Estado.
Fue promulgada el 10 de enero de 2019 y a un año de su vigencia, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y las máximas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional se capacitaron en los términos de esta ley. Ya adhirieron todas las provincias y más de 600 municipios.
En Tucumán, el Parlamento sancionó la normativa el pasado jueves 21 de mayo y un día después el Ejecutivo, a cargo de Manzur, la promulgó.
