Con matices, la historia de Carlos Albaca, el controvertido ex fiscal de la causa “Lebbos”, ha vuelto a repetirse en el caso de Guillermo Herrera, ex fiscal X. Otra vez la suma de múltiples denuncias penales y el sumario administrativo abierto por la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) confluyeron en la presentación de una dimisión, que Herrera fundó en gravísimos problemas de salud. Al igual que Albaca el año pasado, ese funcionario se mantuvo en el Ministerio Público y termina dejando el cargo con la posibilidad de jubilarse con el beneficio del 82% móvil y con la aceptación inmediata de la dimisión por parte del gobernador José Alperovich.
Cae el sumario
Tal renuncia liberará a Herrera del sumario al que estaba sometido por su desempeño en las causas “Teves”, “Rigourd”, “Valdez”, “Jorrat” y “Pérez”. A diferencia de Albaca, cuya tarea recibió reparos firmes de parte de la instructora-fiscala Marta Jerez, el ex fiscal X se retira sin haber recibido magullones. En este supuesto, la fiscala-instructora Juana Prieto -designada porque Jerez se inhibió por amistad con el colega denunciado- no llegó a formular cargos contra Herrera o, al menos, estos no trascendieron pese a que llevaba cuatro meses trabajando en el sumario y a que el Colegio de Abogados de la Capital la había “intimado” por medio de una nota dirigida a la Corte. Ese alto tribunal informó que Prieto justificó la demora en que estaba recargada de tareas y que, por eso, puso colaboradores a su disposición. La dimisión implica que el trabajo desarrollado irá directo a la papelera puesto que Herrera ya no está subordinado a la facultad disciplinaria de la Corte.
Sí en cambio avanzaron los procesos penales iniciados por denuncias del Colegio y de otros particulares, como Carlos Garmendia, abogado de la Fundación “María de los Ángeles” que preside Susana Trimarco. A comienzos de este mes, el fiscal IV Diego López Ávila había pedido la apertura de investigaciones jurisdiccionales en al menos tres expedientes distintos (“Jorrat”, “Rigourd” y “Teves” o “Teves-Albarracín”). Estas pesquisas -ver cuadros de texto- debían ser dirigidas por un juez de Instrucción porque Herrera gozaba de privilegios constitucionales, pero, como ya perdió esa inmunidad, será investigado del mismo modo que un ciudadano común.
López Ávila, el mismo fiscal que sustituyó a Albaca en la causa “Lebbos” y que dio pie a la apertura del sumario que precipitó su renuncia, ha de asumir los procesos contra Herrera, siempre y cuando no prospere la recusación que este interpuso para apartarlo “por falta de objetividad”.
Vueltas de Tribunales
Al igual que Albaca, Herrera concluye una década de ejercicio de la función de fiscal de Instrucción con múltiples cuestionamientos y sin comprometer al alperovichismo. Con la renuncia se termina toda posibilidad de destitución previo debate en la comisión de Juicio Político de la Legislatura. Hace unos meses, ese comité presidido por el legislador ultraoficialista Sisto Terán archivó tanto la “autodenuncia” inédita que Herrera había presentado como el planteo en su contra articulado por el imputado Walter Fabián Delgado, que acusó al ex fiscal de haber entregado en forma indebida tierras al club San Martín.
Fuerte disputa judicial
La permanencia de Herrera en el cargo produjo efectos institucionales enormes. Su jefe, el ministro público Edmundo Jiménez, se trenzó en una disputa primero con Antonio Gandur, presidente de la Corte, y, luego, con ese cuerpo entero, por la custodia de los expedientes objetados por el Colegio. En medio de ese conflicto, Jiménez advirtió a los auditores del alto tribunal que “podrían tener problemas” si leían los casos. Tras la auditoría, que reveló abundantes anomalías, la Asociación de Magistrados de Tucumán interpuso una denuncia penal contra el auditor Luis Lezana Flores y, como consecuencia de ello, 40 afiliados abandonaron el gremio.
Denuncia “la Gestapo”
En el momento más tenso del conflicto, Herrera acusó a Gandur de “apretarlo” y “perseguirlo” con un Cuerpo de Auditores que se maneja como una “Gestapo” judicial (policía nazi).
El exabrupto dejó como saldo otra denuncia penal, esta vez contra un vocal de la Corte que, según Herrera, habría intentado por interpósita persona “torcer” su voluntad en la causa “Delgado”. Por decisión de Gandur, el Ministerio Público investiga esa versión mediática.
Además, el letrado Pedro Brito añadió su propia denuncia contra todos los vocales varones de la Corte por la confección del sistema de auditorías. Esta presentación no habría tenido trámite.
Herrera tiene 67 años y se hizo cargo de la Fiscalía X en 2004. Fue nombrado por Alperovich en el período en el que este gozó de la máxima discrecionalidad para llenar vacantes judiciales.
Tuvo a su cargo renombradas causas en las que estaban vinculados personajes del poder, como los casos que involucran al senador oficialista Sergio Mansilla y al ministro Jorge Jiménez (causa “Marchese”). Pidió el archivo en estos dos asuntos. El ex fiscal se va de Tribunales, pero podría regresar a declarar como imputado, tal como sucedió con su ex par Albaca.
“Teves”, el caso con efectos en el poder político-judicial
Después de analizar el trámite del caso “Teves”, el fiscal IV Diego López Ávila dijo que el ex fiscal Guillermo Herrera habría cometido los delitos de prevaricato, y de violación e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Además, López Ávila ordenó la extracción de copias del testimonio de Roxana Teves y la formación de una causa penal nueva con el objetivo de esclarecer los presuntos delitos que esta atribuyó a los abogados Alfredo Falú (ex defensor de Teves), Edmundo Javier Jiménez y Ana Jiménez (actuaron por la querellante Carolina Severini), entre otros. Falú es hijo del ex ministro público y diputado nacional Ricardo Falú mientras que los otros dos son hijos del actual ministro público y ex ministro alperovichista Edmundo Jiménez.
En “Rigourd” habría un pago a una sobrina del ex fiscal
Según el fiscal IV, Diego López Ávila, estaría probado que su ex par Guillermo Herrera exigió dinero a Jorge Cosentino, miembro de la firma Cofin SA, durante el allanamiento de las oficinas dispuesto en el ámbito de la causa “Rigourd”. Cosentino habría pagado U$S 6.000 y $ 6.000 a María José Posse Bruhl, a quien Herrera habría presentado como su sobrina. López Ávila dictaminó que su ex colega habría cometido seis delitos en la instrucción de la presunta estafa reiterada atribuida a los empresarios Jorge Rigourd y Hugo Sánchez: privación abusiva de la libertad agravada, coacción agravada, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, concusión agravada y falsificación ideológica de instrumento público.
Investigación paralizada y cambio de criterio en “Jorrat”
El cambio de posición del ex fiscal X Guillermo Herrera respecto de los imputados en la causa “Jorrat”, Rubén “La Chancha” Ale y Daniel Felipe Jorrat, daría pie a la sospecha de un accionar malicioso y con mala fe, según Diego López Ávila, fiscal IV. López Ávila destacó que Herrera había imputado una serie de delitos a Ale y a Jorrat, y pedido (y obtenido) la prisión preventiva para ambos. Pero, luego, estos se comprometieron a entregar las tierras disputadas al denunciante Gustavo S. Carrasco y a pagarle $ 300.000, tras lo cual Herrera solicitó el cese de prisión. El fiscal IV manifestó que la mutación del criterio de Herrera tornaría verosímiles las denuncias penales del Colegio de Abogados de la Capital y del letrado Carlos Garmendia.
Fuente: La Gaceta / http://www.lagaceta.com.ar/nota/653905/politica/herrera-renuncio-fiscalia-instruccion-x.html
