Ricardo Gil Lavedra, abogado de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en la causa contra Cristóbal López, valoró como innecesario el cambio en la calificación del proceso porque el López está siendo investigado desde diciembre de 2017. El cambio permitió que López y su socio, Fabián De Sousa, fueran liberados el pasado viernes 16 de marzo.
Gil Lavedra también confirmó a Radio La Red que van a “recurrir el procesamiento que cambió la calificación”. El argumento para lo anterior estriba, de acuerdo con el abogado, en que “el cambio de calificación causa un gravamen de efectos casi irreversibles”. Entre esos afectos, explocó que existe “la posibilidad de que con la atribución de un delito penal tributario se pueda entrar en el plan de facilidades de pago de la moratoria y con eso extinguir la acción legal”. Esto podría traer impunidad.
Acerca del cambio de calificación que permitió la liberación de López y De Sousa, debido a dos votos a favor de los camaristas Jorge Ballestero y Eduardo Farah, Gil Lavedra valoró la decisión como “equivocada y totalmente innecesaria” y explicó que: “A fines de Noviembre, la Cámara de Casación ya había decidido, había establecido que los hechos de la causa le excedían lo que es un delito tributario”.
Lo anterior, según explicó, tiene varias razones. La primera, “de acuerdo a los que nosotros sostenemos, es que fue pergeñado desde la AFIP, es decir, fueron los propios funcionarios los que crearon el sistema necesario para que no se pagaran nunca esos impuestos”; la segunda, “todavía no está esclarecida la vinculación que puede tener la obtención de estos fondos con las otras megacusas que se investigan, tanto el favorecimiento al Lázaro Báez, lavado de dinero”.
Acerca de la situación del Grupo Indalo, renombrado desde noviembre de 2017 como Grupo Ceibo, Gil Lavedra explicó que la AFIP “es el principal acreedor. En este momento tiene un concurso abierto. Esperemos a ver qué ocurre. Sin duda, la creencia de la AFIP es la mayor porque ha sido la fuente de financiamiento del todo el grupo empresario”. Estimo que el crédito pendiente asciende a 17 mil millones de pesos.
Sobre cuál sería el escenario en caso de que la apelación no sea efectiva, “coloca el tema en un situación grave. Vamos a sostener que se trata de una instalación de competencia encubierta”. El abogado insistió que “bajo esta confirmación, lo que están decidiendo una cuestión de competencia que ya había sido resuelta antes”. Acerca del historial del procedimiento, valoró la decisión de Julián Ercolini de detener a López y De Sousa: “Ercolini lo fundó bien la detención porque entendió que iba a haber una burla a sus medidas y perjudicaban la investigación. El grupo de (Ignacio) Rosner ya asumió la conducción sin haber comprado. Ahora se dijo que pidieron permiso. Lo que tenemos que exigir es que los procesos avancen.»
En relación con el de Rosner, y la posibilidad de que sea un testaferro de Cristóbal López, Gil Lavedra señaló deconocerlo y sugirió que “es una cosa para desvelar”. Al cierre de la entrevista, explicó que el Grupo Indalo “jurídicamente, nunca dejó de ser de Cristóbal López; pero el otro grupo tomó la conducción, medidas, etc.”. En relación con esto, López declaró tras salir de la cárcel: «Me metieron preso porque el juez dijo que yo vendí las compañías, pero yo estaba inhibido. No vendí, porque la venta está sujeta a la aprobación del juez».
Se recuerda que el pasado viernes 16 de marzo, con los votos de los jueces Eduardo Farah y Jorge Ballestero, y la disidencia de Leopoldo Bruglia, el tribunal concedió la excarcelación a López y a De Sousa y recalificó el hecho: de defraudación a la administración pública pasó a apropiación indebida de aportes.
Fuente: https://www.elintransigente.com/politica/2018/3/19/gil-lavedra-es-una-decision-equivocada-totalmente-innecesaria-482895.html
