“Este proceso es escandaloso para un sistema penal de garantías. Es claro que Vuestra Señoría tiene preso a un inocente”. Este duro párrafo se encuentra dentro del escrito de 39 páginas que ayer entregó el empresario Lázaro Báez al juez federal Sebastián Casanello, a quien acusó de no probarle ningún hecho en su contra y de tener una visión sesgada del caso.
El dueño de Austral Construcciones SA les pidió al juez y al fiscal Guillermo Marijuan que sinceren el objeto del proceso. “Si es que pretenden continuar con la inadmisible lógica de presunción de ilicitud general de mi patrimonio”, destacó.
Báez está detenido desde el 5 de abril en el penal de Ezeiza, y el 18 de ese mes fue procesado por Casanello por el presunto delito de lavado de activos. En igual situación está su contador, Daniel Pérez Gadín.
“Primero se decidió encarcelarme y sólo luego de ello se intentó justificar –hasta el momento infructuosamente– el motivo que sirviera para proceder de esa manera”, dijo Báez.
El empresario negó que Austral Construcciones haya sido la mayor beneficiada con la obra pública durante los 12 años de gobiernos kirchneristas. Y precisó que, según información aportada por el Gobierno nacional, las empresas a su cargo están en el puesto 36, entre los contratistas del Estado.
“Angelo Calcaterra (primo del Presidente) figura en el tercer lugar de la lista”, recordó.
Desafió entonces a Casanello a investigar al resto de los contratistas del Estado “con la impropia virulencia jurisdiccional desplegada”.
También le dijo que si su intención es “cuestionar las políticas de Estado y/o de control adoptadas por los últimos gobiernos”, tenga en cuenta que “los actores centrales” son los funcionarios públicos, “sobre quienes reposaba el deber de control. O bien, Vuestra Señoría debe aceptar que está incurriendo en una inaceptable excursión de pesca cuyo único objetivo, reitero, es mantenerme preso a como dé lugar”.
Al respecto, explicó que el Estado, “al seleccionar a sus contratistas, lo hace según un procedimiento preestablecido en las leyes y reglamentos administrativos”.
Báez se quejó de que “tanto el fiscal como el juez han alegado en reiteradas oportunidades –sin probar nada– que Austral Construcciones habría realizado obras en las cuales habría conjeturales sobreprecios”. A partir de allí han invocado que se habrían emitido supuestas facturas apócrifas mediante las cuales se habrían tornado ilícitos esos fondos.
En otro párrafo les dice a Casanello y a Marijuan: “Han instalado en el imaginario popular que la posición económica de la familia únicamente se explicaría a partir de distintas maniobras ilícitas sin procurar su acreditación en el expediente”.
El próximo lunes, Báez tendrá una audiencia con la Cámara federal. Este tribunal tiene que resolver la recusación contra Casanello, que interpuso uno de los hijos del empresario, y la apelación de los procesamientos por el delito de lavado de dinero.
Divorcio
En tanto, se conoció ayer que Báez se divorció de su esposa, Norma Calismonte. El 15 de abril pasado fue notificado de que en el Registro Civil provincial lo inscribieron oficialmente como un hombre divorciado. El 20 de noviembre de 2015 fue decretada la separación vincular, pero se desconoce aún cómo se dispondrá la división de bienes. La fortuna de Báez asciende a 745 millones de pesos, según estimó el Tribunal Nacional de Tasación después de más de 50 allanamientos.
Protagonistas
Martín Báez. Es el hijo del empresario K más comprometido en la causa. Su hermano Leandro recusó al juez Casanello por dirigir la investigación judicial sólo hacia la familia Báez y no profundizar en las responsabilidades políticas. El pedido de recusación fue rechazado, pero dejó instalado un cambio en la estrategia de defensa de los Báez, que ya comienzan a mencionar a funcionarios del gobierno kirchnerista.
Guillermo Marijuan. El fiscal federal regresó a Santa Cruz para conducir el allanamiento a un inmueble emblemático: el chalé donde vivieron en Río Gallegos Néstor y Cristina Kirchner. Pase a la espectacularidad de los operativos de rastrillaje, la fiscalía no ha conseguido todavía vincular los delitos de lavado que se le imputan a Báez con el pago de sobreprecios en licitaciones de obra pública.
Sebastián Casanello. El juez de la causa mantuvo dormida la investigación desde 2013 hasta que cayó el gobierno de Cristina Kirchner. Lo acusan de tener vínculos informales con la expresidenta y de trazar una línea de corte en la investigación para no involucrarla y cargar todas las culpas en Báez. Pero el contraataque del empresario lo puso en una situación difícil. Ahora viajará al Vaticano para reunirse con el papa Francisco.
Cristina Fernández. La expresidenta rompió el silencio para negar cualquier vinculación con el juez Casanello. Dijo que no lo conoce y que jamás se reunió con el magistrado. La nueva presentación realizada por Báez abre una serie de interrogantes porque alude a los funcionarios públicos que deberían ser investigados si se sospecha que hubo pago de sobreprecios en las licitaciones de obras públicas.
Fuente: http://www.lavoz.com.ar/politica/baez-los-actores-centrales-son-funcionarios-publicos?cx_level=flujo_2
